Ley de Hidrocarburos de Venezuela: qué cambió con la reforma de 2026
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos se publicó el 29 de enero de 2026 en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.978, y cambia dos cosas de fondo: permite que empresas privadas operen campos de petróleo por contrato, y baja la carga fiscal con tope de 30 % de regalía y un impuesto integral de hasta 15 %. Hasta entonces solo empresas del Estado, como PDVSA y sus empresas mixtas, podían hacer la exploración y la extracción. La Asamblea Nacional la aprobó en segunda discusión el mismo 29 de enero, una semana después de la primera. Datos al 2 de noviembre de 2026.
La reforma en resumen
| Antes (ley de 2006) | Reforma de 2026 | |
|---|---|---|
| Quién opera | Solo empresas del Estado y mixtas | También empresas privadas por contrato |
| Regalía | 30 % general | Hasta 30 %, fijada por proyecto |
| Impuestos del sector | Extracción (33 %), superficie, consumo propio, consumo general y registro de exportación | Un impuesto integral de hasta 15 % |
| Renta | 50 % | 50 %, reducible si el proyecto lo necesita |
| Conflictos | Tribunales de Venezuela | Tribunales, mediación o arbitraje |
Fuente de la columna del medio y de la derecha: Baker McKenzie, que compara las tasas de la ley anterior y de la reforma. La regalía general de 30 % y las reducciones para la Faja y los campos maduros las confirma Finanzas Digital.
¿Qué cambia para las empresas privadas?
Según Baker McKenzie, la reforma abre dos caminos a las empresas privadas:
- Como socio minoritario de una empresa mixta (donde el Estado tiene más del 50 %). El Ministerio de Hidrocarburos puede autorizarlo a vender parte o toda la producción, abrir cuentas bancarias en cualquier moneda y país, y dirigir la operación técnica.
- Como «empresa del sector privado», con un contrato firmado con una empresa 100 % estatal. Debe estar domiciliada en Venezuela (da igual dónde se constituyó), demostrar capacidad técnica y financiera con un plan aprobado por el Ministerio, y asumir la operación por su cuenta, costo y riesgo.
La empresa privada cobra con un porcentaje del petróleo auditado que ella misma vende una vez cumplidas las obligaciones con el Estado, o con otra participación que fije el Ministerio. Los yacimientos siguen siendo de la República: el contrato no transfiere propiedad. Al terminar, la empresa debe devolver sin indemnización los bienes y los datos. Estos contratos también quedan fuera de la ley de contrataciones públicas.
Además, el Estado ya no necesita una ley de la Asamblea Nacional para crear una empresa mixta: basta la autorización del presidente y avisar a la Asamblea. Las mixtas duran 25 años, con una prórroga de hasta 15. Y la reforma reconoce como válidos los contratos de participación productiva firmados bajo la Ley Antibloqueo de 2020, que deben adaptarse a la nueva ley.
Regalías e impuestos: cuánto se paga ahora
- Regalía: el Estado recibe hasta el 30 % del volumen extraído. El Ministerio de Hidrocarburos, tras oír al de Finanzas, fija el porcentaje de cada fase de cada proyecto y puede cambiarlo dentro de ese límite para mantener el equilibrio económico. Se puede cobrar en especie o en efectivo.
- Impuesto integral de hidrocarburos: hasta el 15 % del ingreso bruto mensual (el valor del petróleo extraído y no reinyectado). Reemplaza al impuesto de extracción (33 % del valor), al de superficie, al de consumo propio, al de consumo general y al de registro de exportación. Se calcula y se paga por adelantado cada mes, y se liquida cada año.
- Impuesto sobre la renta: sigue en 50 %, pero el Ministerio de Finanzas puede bajarlo si hace falta para el equilibrio económico del contrato.
- Lo que se derogó: el «impuesto sombra» de 2006, que garantizaba al Estado al menos el 50 % del valor de cada barril de las mixtas, y la ley de 2013 sobre precios extraordinarios, que tomaba entre el 80 % y el 90 % de la diferencia por barril. También quedan exentas de varias contribuciones especiales (ciencia y tecnología, deporte, drogas) y de impuestos estatales y municipales.
Wood Mackenzie calculó que, con la regalía y el impuesto integral en su máximo, el Estado se queda con el equivalente a 45 % del ingreso bruto, una carga alta frente a otros mercados que compiten por la inversión. Como el Gobierno puede bajar ambas tasas a su criterio, la carga real depende de cada contrato.
¿Y el arbitraje?
La ley anterior solo permitía resolver conflictos en tribunales de Venezuela. La reforma añade la mediación y el arbitraje, y las partes pueden elegir entre ellos y los tribunales si no logran un acuerdo amistoso, según Baker McKenzie. El CRS también destaca que la reforma da acceso al arbitraje internacional. Baker McKenzie recuerda que Venezuela ha firmado más de 20 tratados de protección de inversiones.
¿Cuándo entró en vigor?
La ley rige desde el 29 de enero de 2026, el día de su publicación. Pero lo relativo a impuestos, contribuciones y regalías empezó a los 60 días continuos de esa fecha, a finales de marzo de 2026 (cálculo propio). Para las mixtas y los contratos que ya existían, Baker McKenzie menciona un período de transición de 180 días en el que seguía el régimen fiscal anterior.
¿Por qué se hizo la reforma?
Según el CRS, la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y la formación de un gobierno interino que trabaja con funcionarios de EE. UU. renovaron las posibilidades de desarrollar los hidrocarburos de Venezuela. El CRS añade que la reforma abre nuevas formas de participación privada, baja y limita impuestos y regalías, y da acceso al arbitraje. Baker McKenzie resume el objetivo: reactivar la industria petrolera, atraer inversión privada y modernizar el marco legal.
Qué ha pasado desde la reforma
PDVSA dice que espera firmar 105 contratos antes de que termine 2026: 61 firmados y 44 en negociación final, cerca del 70 % para campos sin desarrollar, según Finanzas Digital (9 de octubre de 2026). Quién ha firmado qué está en las empresas petroleras en Venezuela, y la empresa estatal se explica en qué es PDVSA.
Las críticas
La exviceministra de Energía y Minas Dolores Dobarro dijo que la reforma «es un gran paso, pero pienso que no va a ser suficiente». Le preocupa la discrecionalidad: la comercialización por empresas privadas sería «excepcional», pero la ley no dice cuándo, y tampoco queda claro cómo se exigirá el suministro al mercado interno. Wood Mackenzie la llamó un primer paso importante y dijo que falta mucho para ver la inversión privada a gran escala que se busca. También pesan la cadena de suministro y la falta de personal calificado.
Lo que todavía no se sabe
- Cuánto pagará cada proyecto. Los porcentajes de regalía e impuesto integral los fija el Ministerio, proyecto por proyecto. Un borrador de la primera discusión hablaba de bajar la regalía hasta 20 % en los contratos de participación productiva y hasta 15 % en las mixtas; no pude confirmar si la ley publicada fija esos pisos, porque Baker McKenzie solo da el tope de 30 %.
- Cómo se aplicará el arbitraje en la práctica y ante quién.
- Cuántos de los contratos anunciados terminarán en producción real.
- Qué pasa con el gas. Según Baker McKenzie, esta ley regula solo el petróleo y el gas asociado; el gas natural no asociado sigue bajo otra ley.
Para el contexto: el precio del petróleo hoy, la historia del petróleo en Venezuela, la Faja Petrolífera del Orinoco y la situación actual del petróleo venezolano.
El marco de EE. UU. que acompaña a la reforma: sanciones a Venezuela.